Sector público

SEMANA comenta

Nuevas armas en la guerra contra las barreras burocráticas

Por Andrés Calderón

28 de Noviembre de 2011

Desde hace varios años, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) del Indecopi cumple un importante rol tanto para la actividad empresarial, como para la función pública de muchas entidades estatales: se encarga de “eliminar” las barreras burocráticas ilegales o irracionales (recuerde las comillas).

Por ejemplo, si una municipalidad pide a un hotel un número mínimo de camareras para otorgarle una licencia de funcionamiento o si un ministerio requiere el pago de un canon extraordinario a un transportista, estas empresas pueden denunciar tales exigencias ilegales ante la CEB y este órgano podrá declarar su inexigibilidad. Es decir, la entidad pública dejaría de efectuar tales requerimientos a los empresarios denunciantes.

Los casos que han sido denunciado ante la CEB desde su creación han sido muy variados y algunos de ellos tuvieron minutos de fama: el caso del monopolio legal otorgado a Lidercon para realizar las revisiones técnicas en Lima, la ordenanza trujillana que obligaba a los taxistas a pintar sus vehículos de color amarillo, los cobros excesivos que efectuaba la dirección de migraciones del Ministerio del Interior para emitir pasaportes y los siempre vigentes “planes zanahoria” que limitan el horario de funcionamiento de bares y discotecas a lo largo de todo un distrito. Todos estos fueron casos denunciados en su momento ante la CEB, que declaró su ilegalidad o irracionalidad.

Casos para discutir no han dejado de aparecer. De hecho, un representante de Capeco reconocía que algunas restricciones municipales podían parar totalmente un proyecto inmobiliario por 18 meses. En la colocación de anuncios publicitarios, algunos municipios no dejan instalar vallas publicitarias. En telecomunicaciones, Telefónica del Perú refería que los cobros por una misma obra como la instalación y canalización de cables subterráneos podían variar entre Lima y Miraflores en 900%, aproximadamente.

Sin embargo, a pesar de que una denuncia ante la CEB podría ser una efectiva herramienta para evitar pagos ilegales o cumplir con exigencias irracionales (en el período 2006-2010, más del 73% de las denuncias tuvieron éxito), este recurso no es aún usado de manera más generalizada.

Además de cierto desconocimiento de este instrumento legal, el temor a enfrentarse a las autoridades y el costo de oportunidad del procedimiento ante la CEB parecen ser las principales razones de su poca utilización. El procedimiento ante la CEB puede durar más de 5 meses y el resultado sólo favorece al que presenta la denuncia. Es decir, la CEB propiamente no “elimina” las barreras burocráticas, sino que las hace inexigibles sólo para el denunciante para ese caso en especial. Por esta razón, otras empresas tienen que plantear sus propias denuncias y esperar un resultado favorable (con el tiempo que ello toma) para que la entidad pública denunciada deje de imponerles las mismas exigencias ilegales o irracionales una y otra vez.

En el artículo de portada de la última edición de Semana Económica (SE 1299), una edición especial dedicada a la innovación como eje de la CADE 2011, se analizan estas explicaciones y otras más acerca de por qué este recurso de reducción de barreras arancelarias, también innovador, no se encuentra tan difundido entre los empresarios nacionales. También se plantea qué medidas se pueden tomar para mejorarlo. Luego de repasar las principales barreras que enfrentan los sectores más afectados, se reflexiona acerca de por qué las entidades públicas, en especial los municipios, continúan imponiendo barreras burocráticas, desincentivando el ingreso de nuevas empresas y nuevos contribuyentes a sus distritos.